Una acción de cumplimiento ordenó a distintas autoridades estatales aplicar varias disposiciones contenidas en la Ley 1709 del 2014, que modificó el Código Penitenciario y Carcelario. Las misivas se dirigen, en su mayoría, a la puesta en marcha de aspectos relacionados con infraestructura, salubridad, alimentación, remuneración del trabajo que los presos realizan, permanencia de reclusos cuando padecen enfermedades terminales o infectocontagiosas y suspensión de la pena a mujeres embarazadas, entre otros. Además, se ordena al Presidente de la República, en el término de seis meses, adelantar y culminar los trámites de consulta previa ante los pueblos indígenas; comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras y grupos rom a efectos de presentar a discusión de Legislativo el proyecto de ley que reglamente lo correspondiente a la privación de la libertad de los miembros de dichos grupos (C.P. Carlos Enrique Rubio).