El Consejo de Estado negó la nulidad del Decreto 20 del 2000, en el que se aprueba el programa de enajenación de los derechos que tenía Carbocol S. A. en el complejo carbonífero El Cerrejón Zona Norte. El alto tribunal aclaró que el decreto demandado no hacía nada distinto a instrumentalizar el proceso de privatización que ya había sido dispuesto por un acto anterior. De esa forma, aprovechó para referirse a las razones de privatizar la participación estatal en el proyecto y precisar varios aspectos de ese proceso de enajenación. Así, aclaró que lo que se privatizó no fue la participación accionaria del Estado en el capital de la empresa Carbocol, sino la participación que esta última tenía en el contrato de concesión para la exploración y explotación de la mina de carbón. De igual forma, advirtió que la obligación de promover la democratización de la propiedad accionaria del Estado aplica también para la transferencia de activos estatales (C.P. Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta).