Al estudiar una demanda contra el artículo 2º de la Ley 1905 del 2018, que ordenó aprobar un examen de Estado como requisito para ejercer la profesión de abogado, la Corte Constitucional declaró su exequibilidad. La Sala Plena consideró que la disposición demandada se orienta a conseguir un propósito constitucionalmente importante y, además, que el medio elegido por el legislador es efectivamente conducente para alcanzar dicha finalidad. De esta forma, conforme con el artículo 26 superior (libertad de escoger profesión u oficio), en el caso de la abogacía le es dado al legislador exigir títulos de idoneidad, toda vez que dicha profesión implica un riesgo social (M. P. Alejandro Linares Cantillo).