La Corte Constitucional publicó recientemente la Sentencia C-620/15, en la que explica la decisión de exequibilidad del protocolo adicional al Acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. De este modo, el alto tribunal verificó el cumplimiento de los requisitos formales en cuanto al anuncio previo de la votación, el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que la votación nominal y la publicación de la Ley 1746 del 2014. La Sala Plena enfatizó que “respecto a la intensidad del control sobre acuerdos de libre comercio adopta mayores niveles cuando la materia regulada incide de manera más decisiva sobre principios, derechos, bienes jurídicos o competencias de relevancia constitucional, caso en el cual el juicio ha de tomarse más riguroso. La suscripción del protocolo adicional no resulta un asunto nuevo o incipiente en materia de relaciones comerciales entre los países miembros, sino, por el contrario, está regido por acuerdos bilaterales y multilaterales de tiempo atrás”. No obstante, la Corte insistió que si en la ejecución del protocolo adicional se presentan situaciones que comprometan derechos constitucionales, los ciudadanos podrán acudir a las autoridades correspondientes para que en el ámbito de sus competencias y de las acciones que puedan desarrollar se garanticen los valores, principios y derechos fundamentales de la Constitución Política (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).