La Sección Tercera del Consejo de Estado revocó una decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá y, en su lugar, declaró responsable al Ministerio de Defensa (Ejército Nacional) y a la Fiscalía General de la Nación por los daños antijurídicos sufridos por un habitante de ese departamento y los sancionó con la orden de cancelarle una indemnización por perjuicios al ciudadano. Lo anterior obedece a un informe de inteligencia inexacto presentado por el Ejército Nacional a la Fiscalía, que provocó el allanamiento e incautación de un dinero propiedad del demandante, que luego de una dilatada investigación concluyó con la preclusión de la investigación. Dice la decisión que si bien el allanamiento e incautación fue de la Fiscalía, el informe de inteligencia militar fue decisivo en la producción del daño antijurídico, por esa razón ambas instituciones deben responder económicamente (C.P. Ramiro Pazos Guerrero) .