Legalmente no existe la posibilidad de que las autoridades administrativas que actúan como conciliadoras oficien a las entidades públicas o privadas para establecer los ingresos de quien tiene una obligación alimentaria antes de celebrar la audiencia de conciliación. Cuando hay desacuerdo entre las partes será un juez de familia quien adelante una fijación de cuota alimentaria y en este proceso sí se pueden solicitar y decretar las pruebas que se consideren necesarias para establecer los ingresos del padre o madre obligado. No obstante, indicó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dicha facultad la tiene el defensor o comisario de familia dentro del trámite de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos.