El artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 del 2011) determinó las reglas que se deben tener en cuenta frente a la petición y práctica de pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Una demanda admitida por la Corte Constitucional busca la inexequibilidad de una expresión contenida en dicha norma que impide la procedencia de recursos en contra del acto que decida la solicitud de pruebas. A juicio del ciudadano, la disposición censurada lesiona la garantía del debido proceso, prevista en el artículo 29 de la Carta Política. En su opinión, la norma hace nugatorio el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, pues muchas actuaciones no se podrán controvertir durante el debate probatorio (demandante: Juan José Gómez Urueña).