Un fallo de la Corte Constitucional concluye que para cumplir las obligaciones derivadas del derecho a la seguridad personal, las actuaciones administrativas que lleven a cabo las autoridades competentes deben estar justificadas en estudios técnicos individualizados y específicos del nivel de riesgo de la persona interesada. En ese sentido, la Corte concluyó que cuando la valoración del nivel de riesgo o de las medidas de protección no está fundada en un estudio previo e individualizado de la situación de la persona interesada existe una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad. Encuentre la aplicación de esta tesis jurisprudencial en el caso concreto objeto de estudio (M. P. Gloria Stella Ortiz).