El Gobierno pretende regular el procedimiento de investigación y juzgamiento para el Fiscal General de la Nación y los magistrados de las altas cortes según las modificaciones del Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes (A. L. 02/15). Lo principal a destacar de esta iniciativa es que prohíbe expresamente que la Comisión de Aforados investigue a magistrados o al fiscal por el sentido de sus decisiones. Esta instancia podrá presentar acusaciones si cree que hay un delito (acusación penal ante la Corte Suprema de Justicia), una falta disciplinaria grave (proyecto de fallo ante la Cámara de Representantes y la decisión puede ser apelada ante el Senado) o un daño patrimonial al Estado (procedimiento que permitiría declarar la responsabilidad patrimonial del aforado, el fallo sería consultado ante la Cámara de Representantes).