Recientemente, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40 y 44 (parcial) de la Ley 1826 del 2017, que reguló el procedimiento penal especial abreviado y la figura del acusador privado. La primera disposición establece la preclusión por atipicidad absoluta y la segunda, que contiene la expresión atacada, precisa la vigencia y la derogatoria de esa normativa. Según los demandados, bajo el régimen de la Ley 1826 hay una situación más favorable para la defensa que bajo el marco del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004). Igualmente, explicaron que el artículo 40 constituye un abierto desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política, puesto que expresamente prohíbe la aplicación de una norma procesal más favorable en procesos penales en curso. Conozca otros argumentos y un recuadro explicativo en el documento adjunto. (Demandantes: Mauricio Pava Lugo y otro)