Si la administración considera que las pruebas aportadas por una persona que alega ser desplazada por la violencia son contrarias a la verdad, se invierte la carga de la prueba. Por ende, la autoridad debe demostrar que el actor no tiene la calidad de desplazado. Así lo señaló la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al negar la acción de tutela interpuesta por una persona que aseguraba ser víctima del desplazamiento forzado en el municipio de Anserma (Caldas), pues la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas corroboró que en ese lugar no había alteraciones de orden público causadas por grupos armados ilegales (M.P. José Ovidio Claros).