El accionante pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley 1727 del 2014, que asignó al Gobierno la competencia para determinar el régimen disciplinario y sancionatorio de los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio. La disposición atacada quebranta el debido proceso y los principios de legalidad y reserva de ley, en tanto dicha potestad corresponde al legislador, quien, en cambio, dejó abierta la facultad de crear infracciones y sanciones administrativas en manos del Ejecutivo, asevera la demanda (Demandante: Milton José Pereira).