La Sección Primera del Consejo de Estado reiteró la posición adoptada recientemente por la Sala Plena de la corporación con respecto a que las acciones de tutela contra providencias judiciales deben ser estudiadas de fondo si estas violan los derechos fundamentales, independientemente de la instancia y el órgano que las profiera. En ese sentido, recordó que el juez del caso concreto debe verificar la ocurrencia de los requisitos generales fijados en la Sentencia C-590 del 2005 y si se presenta uno de los defectos especiales señalados en la jurisprudencia constitucional (C. P. Marco Antonio Velilla).