Una demanda contra algunos apartes del artículo 6º de la Ley 25 de 1981, que crea la Superintendencia de Subsidio Familiar, y algunas expresiones de los artículos 54 y 63 de la Ley 21 de 1982, que modifica el régimen de subsidio familiar, es estudiada por la Corte Constitucional. La disposición atacada del primer artículo precisa las atribuciones del superintendente y la segunda y tercera normativa explican las funciones de los consejos directivos y las prioridades del funcionario indicado. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al alto tribunal constitucional que se declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo por cuanto dichas disposiciones fueron derogadas y no se encuentran produciendo efectos jurídicos. En el texto adjunto encontrará el concepto completo presentado por el Ministerio Público.