La Corte Constitucional, al condicionar las expresiones “promover” y “facilitar” (contenidas en el artículo 140 del Código de Policía), dio prevalencia al principio de confianza legítima de los ciudadanos que, prevalidos de la utilización del espacio público, adquieren o consumen bienes y servicios ofrecidos por los vendedores. Todo lo anterior quiere decir que las compras a vendedores informales no son objeto de medidas correctivas (M. P. Alberto Rojas).