¿Cese de actividades en empresas de servicios públicos puede generar no pago de salario? (9:07 a.m.)

A la luz del artículo 56 de la Constitución Política y del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, la huelga es un derecho constitucional. Sin embargo, la misma está prohibida en los servicios públicos esenciales. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia explicó que la calificación de la legalidad o ilegalidad del cese de actividades se encuentra asignada a la jurisdicción ordinaria laboral y aclaró que con antelación a la Ley 1210 del 2008 esta facultad estaba atribuida al Ministerio del Trabajo. De igual forma, la Sala Laboral indicó que a esta autoridad le corresponde verificar si en efecto se produjo la suspensión de actividades y determinar si fue total o parcial; el carácter de servicio público esencial que cumple la empresa; la afectación del servicio a la comunidad; su carácter de ser pacífica y el agotamiento de los pasos previos a su declaratoria, entre otros aspectos. Sumado a ello, precisó que estos actos administrativos gozan de presunción de legalidad, hasta que la misma no se desvirtúe ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En tal virtud, concluyó que la falta de pago de salarios por parte del empleador cuando existe una resolución donde se haya declarado legal el cese de actividades de servicios públicos no tiene justificación razonable y agregó que no se ajusta a los postulados de la buena fe la conducta de un empleador que pese a obtener la declaratoria de legalidad de la huelga oportunamente emitida por la autoridad competente persiste en sostener una presunta ilegalidad y en materializar los efectos de la misma, como el descuento de salarios, contrariando decisiones legítimamente adoptadas y en firme (M. P.  Rigoberto Echeverri Bueno).