En reciente fallo, la Corte Constitucional protegió el derecho al debido proceso del Banco Agrario de Colombia en el marco de un proceso de liquidación judicial. En un primer momento, el alto tribunal reiteró la jurisprudencia que avala la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones proferidas por la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Así mismo, estudió y encontró cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la tutela presentada por la entidad bancaria. Por último, analizó los defectos alegados en el mecanismo de amparo. Así, concluyó que la  superintendencia incurrió en un defecto fáctico en la medida en que no valoró las pruebas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional y, por ello, desatendió las reglas de la sana crítica e inobservó la legalidad que se predica estrictamente en el despliegue probatorio indiciario (M. P. Antonio José Lizarazo).