Teniendo en cuenta la situación de un paciente de 84 años de edad que se acercó a la Personería de Bogotá a quejarse contra la entidad prestadora de servicios de salud porque le expidieron una autorización ilegible que no le ha permitido acceder a la prestación de los mismos, el jefe de esta cartera, Ricardo María Cañón, calificó la conducta como una burla al usuario y ofició tanto al presidente de la respectiva EPS como al Superintendente de Salud, sin obtener respuesta alguna. Por lo tanto, a través de una acción de tutela, busca la restitución de derechos del afectado. Mientras este proceso avanza, realizó un llamado a todas las EPS para que verifiquen la calidad de atención a los usuarios, pues no tiene justificación que se afecte a un usuario por la irresponsabilidad de algunos funcionarios, precisó el ente de control.