Al resolver una acción popular invocada para proteger los derechos colectivos de los habitantes de un corregimiento que no contaba con sistema de alcantarillado, el Consejo de Estado reiteró que la ausencia de recursos al momento en que se profiere la sentencia no exime a las entidades accionadas de la responsabilidad de realizar todas las obras pertinentes para superar los hechos que generan la afectación de los derechos colectivos, pues en razón a eso se les otorgan términos razonables para que inicien todos los trámites administrativos necesarios para la consecución de las partidas presupuestales y la inclusión de la obra en el gasto público y en la respectiva vigencia fiscal (C.P. María Elizabeth García González).