Se interpone una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1698 del 2013, por establecer un sistema paralelo de defensa técnica y especializada para miembros de la fuerza pública, lo que, supuestamente, vulnera el principio de igualdad y es una medida innecesaria y desproporcional. A juicio de la accionante, la disposición también desconoce la reserva constitucional con respecto a la prestación del servicio de defensoría pública, a cargo de la Defensoría del Pueblo. Además, la normativa viola los principios de autonomía e independencia de la administración de justicia, añade el escrito (demandante: Liliana Ávila García).