La Corte Constitucional tuteló los derechos al debido proceso y a la vivienda digna de los propietarios de unos apartamentos para cuya construcción una empresa solicitó un crédito garantizado con hipoteca abierta. Para la Corte, los jueces del proceso ejecutivo promovido por la entidad bancaria acreedora debieron interpretar las normas sobre liquidación de créditos a la luz del principio pro homine, y no de manera parcial y restrictiva en desmedro de la parte débil en este proceso (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).+