La Corte Constitucional advirtió recientemente que los jueces populares tienen las herramientas procesales y probatorias para declarar medidas estructurales orientadas, por ejemplo, al restablecimiento de equilibrios ecológicos en determinados ecosistemas e, incluso, órdenes que resulten en la protección de derechos fundamentales. En efecto, la Sala concluyó que resolver estos casos a través de una tutela significaría desconocer que las acciones populares cumplen una función constitucionalmente relevante en nuestro ordenamiento jurídico e ignorar la aplicación estricta de la Ley 472 de 1998 (M. P. Alejandro Linares).