La Corte Constitucional admitió dos demandas en contra del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: contra el artículo 18 (aparte), que regula las contribuciones especiales a favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD); y contra el artículo 314, que establece una contribución adicional a la señalada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, para el fortalecimiento del fondo empresarial. Según los demandantes, “las normas acusadas agreden el valor justicia, junto con el principio de equidad”, propios del deber individual y solidario de contribuir. Lo anterior por exceso en el gravamen y la desproporción en relación con la capacidad contributiva que son imperativos en todo deber u obligación de contribuir, acorde con el artículo 95.9 de la Constitución Política y propios del sistema tributario, entre otros argumentos (demandantes: Lucy Cruz de Quiñones y otros).Nota: Este archivo es de gran tamaño, su descarga puede tardar dependiendo de la velocidad de su conexión a internet.