La Corte Constitucional admitió una demanda contra el régimen sancionatorio de protección de la competencia contenido en el artículo 26 de la Ley 1340 del 2009, el cual establece que las respectivas multas impuestas en salarios mínimos mensuales legales vigentes para las personas naturales serán los salarios vigentes al momento de imposición de la sanción. Al respecto, considera el accionante que la Corte ha prohibido expresamente que las multas por infracción a la ley se tasen con un salario que no sea el del momento de la comisión. En ese sentido, explica que esta norma sería vulneratoria del debido proceso en virtud de que “nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que le imputa”. De otra parte, la diferenciación entre la tasación de las sanciones dependiendo de si se trata de persona natural o jurídica sería una discriminación injustificada. Dado lo anterior, solicitó a la alta corporación la declaratoria de inconstitucionalidad (Demandante: Camilo Pabón Almanza).