La Corte Constitucional admitió una demanda contra una expresión del numeral 2º, inciso 2º, del artículo 85 del Decreto Ley 021 del 2014, que expidió el régimen de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas. Es importante precisar que el artículo señalado precisa el pago de salarios por reintegro de servidor suspendido y el aparte demandado regula “La aplicación del indubio pro reo no origina derecho al reconocimiento y pago de la indemnización”. Según el demandante, no existe una justificación razonable atendible para que los servidores de la Rama Judicial, que cumplen funciones similares a las que realizan los servidores de la Fiscalía General, gocen de un trato privilegiado. En tal sentido, aseguró que no se armoniza con el principio de igualdad crear una excepción como la atacada. Conozca otros argumentos en la demanda adjunta (Demandante: Víctor Alonso Pérez Gómez).