Declaran bajo cumplimiento de orden del fallo que protegió derechos de niñez Wayuu

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 del 2017, que protegió los derechos de la niñez Wayuu, en La Guajira, declaró el cumplimiento bajo de la orden cuarta, objetivo seis, que dispone que se debe garantizar la imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas seleccionados para asumir la ejecución de diferentes intervenciones estatales.

La Corte Constitucional señaló que no existe una ruta eficaz para que la información financiera se reporte oportuna y adecuadamente, ni un sistema de información útil para que las autoridades obligadas al cumplimiento verifiquen la rectitud de sus prácticas o para que los órganos de vigilancia, control e investigación puedan detectar fácilmente prácticas ilegales (Lea: Empieza seguimiento a sentencia que protegió derechos de la niñez Wayuu).

Así mismo, consideró que no se advierten estrategias para enfrentar el incumplimiento, desinterés y falta de conciencia de las entidades respecto del deber de reportar la información que solicitan las diferentes autoridades, ni existen indicadores que permitan medir los resultados de las acciones emprendidas para evidenciar la ineficiencia y corrupción administrativa.

Soluciones claras

Además, advirtió, no hay soluciones claras para los obstáculos que enfrentan los órganos de control e investigación para abarcar el territorio, rastrear la información de interés y el patrimonio público y cruzar información con las demás entidades, a lo que se suma el déficit en la información sobre cómo se gestiona el sistema general de participaciones, particularmente las asignaciones a resguardos indígenas.

Entre otras medidas, el allto tribunal ordenó a la Presidencia de la República, ministerios de Salud, Vivienda, Ambiente y de Agricultura, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Icbf, a la Supersalud, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al departamento de La Guajira y a varios municipios presentar a la Sala, con copia a los órganos de control, un protocolo que asegure que en los procesos contractuales y financieros y que en la ejecución presupuestal y financiera se aplicarán buenas prácticas administrativas.

De otra parte, se convocó a una sesión técnica que se llevará a cabo el próximo 15 de abril y que está dirigida a conocer las soluciones consideradas por las entidades obligadas al cumplimiento del objetivo valorado y por las competentes para vigilar la correcta actuación administrativa y financiera, así como las encargadas de su control e investigación para superar dichas prácticas y obstáculos (M.S. José Fernando Reyes Cuartas).

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