Un escrito radicado ante la Corte Constitucional pide la inexequibilidad de las expresiones “personas con limitación”, “minusvalía”, “invalidez”, “sordos” y “discapacitados”, entre otras, contenidas en las leyes 100 de 1993, 115 y 119 de 1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 797 y 860 del 2003, 1114 del 2006, 1438 del 2011 y 1562 del 2012. En su opinión, el lenguaje usado en dicha legislación es discriminatorio y excluyente y, además, no tiene en cuenta la normativa internacional en la materia (demandantes: Nicolás Buitrago y otros).