Atenta contra el deber de colaboración con la administración de justicia, buena fe, lealtad y reciprocidad acudir a la tutela con la pretensión de que se ordene la entrega de una prestación económica que no fue conferida por las autoridades competentes, señaló la Corte Constitucional. Recordó además que la informalidad de la acción no exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones. En materia de ayudas humanitarias, este requisito se satisface con la acreditación de la condición de beneficiario de la prestación que se reclama, pues es lo que permite determinar que el derecho que se pretende existe, agregó. La sala declaró improcedente el amparo que buscaba que el Banco Agrario entregara ayuda humanitaria que había sido negada porque la reclamante no presentó cédula de ciudadanía sino una contraseña (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).