Una Corte independiente para la paz

Carolina Villadiego Burbano

Investigadora, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

Una Rama Judicial independiente es fundamental para la construcción de un país en paz, sobre todo en este ambiente tan polarizado. Por eso, las decisiones judiciales en materia de paz deben ser jurídicamente sólidas y no deben filtrarse sin ser adoptadas. La justicia, y en especial la Corte Constitucional, tienen un reto esencial en el posacuerdo: garantizar la supremacía de la Constitución y servir de límite al Gobierno, al Congreso y a los poderes económicos. Y eso nos conviene a todos los ciudadanos, independientemente de nuestras posiciones políticas, sociales y jurídicas sobre la paz. Por eso, varias cosas son esenciales para robustecer la Corte en el 2017.

Primero, elegir lo más pronto posible a cuatro personas de las más altas calidades éticas y jurídicas que ocupen los cargos que quedan vacantes. Además, hay que evitar centrar la elección en si son “amigos o enemigos de la paz”. El Gobierno, el Congreso y la Corte Suprema deben demostrar que están a la altura del reto de elegir magistrados y magistradas independientes que fortalezcan la justicia. Y se debe abandonar la nefasta práctica de hacer ternas de uno, donde incluso si es una buena terna, siempre se sabe quién ganará. Hay que despolitizar y “despacificar” esta elección, y exigir la designación equitativa de hombres y mujeres que sean excelentes constitucionalistas y juristas.

Segundo, la Corte Constitucional debe argumentar sólidamente sus decisiones en materia de paz y aquietar los cuestionamientos de flexibilización de los pilares constitucionales según el vaivén político y gubernamental. Y si informa las decisiones antes de publicar las sentencias, los comunicados deben ser suficientemente robustos para que no queden dudas sobre el contenido y el alcance de la decisión y los argumentos que la sustentan. No puede pasar lo que ha ocurrido con la decisión del fast track, donde queda la sensación de que se interpretó el concepto de “refrendación popular” a la luz de los hechos políticos y jurídicos posteriores al plebiscito, es decir, a partir de lo que el Gobierno hizo después del 2 de octubre.

Tercero, la Corte Constitucional –y la justicia en general- deben evitar que se filtren proyectos de sentencias y deliberaciones cuando los casos no se han decidido. Deja mucho que desear esta práctica recurrente en la que distintos medios de comunicación publican ponencias que no se han discutido, emiten “confidenciales” sobre cómo va la votación de un caso que no se ha definido, relatan aspectos centrales de deliberaciones “privadas”, dicen cómo quedó la decisión judicial antes de la promulgación del comunicado oficial, entre otras. Esto disminuye la legitimidad y la credibilidad de la justicia. Y siempre queda la duda acerca de si las decisiones judiciales se ajustan según el vaivén mediático y político suscitado luego de la filtración.

Una justicia independiente es esencial para implementar el acuerdo de paz en nuestro régimen constitucional, y en esto, la Corte Constitucional es crucial. Por eso, debemos exigir tanto al Gobierno y al Congreso, como a las cortes en general, que nos garanticen esa independencia fundamental para la democracia. Dada la alta polarización en la que vivimos, los ciudadanos estamos llamados a vigilar y exigir la independencia judicial.