Un sistema de justicia para la paz

Carolina Villadiego Burbano (*)

Investigadora, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

El acuerdo de paz es una oportunidad para enfrentar varios desafíos en el sistema de justicia. En esta columna me refiero a un desafío prioritario para toda la ciudadanía. Hablo de la necesidad de asegurar una justicia articulada, accesible, efectiva, confiable y eficiente, para proteger los derechos en todos los municipios del país. Esto es fundamental para la construcción de una paz duradera, tal y como lo comprobamos en una investigación que realizamos con Sebastián Lalinde, en Dejusticia. En este espacio menciono cuatro retos específicos.

Primero, el sistema ha fallado en el intento de articular la oferta de justicia brindada por diversas autoridades del orden nacional y territorial, autoridades de carácter comunitario y algunos particulares. Parte del problema es el gran desconocimiento acerca de cuál es la oferta de justicia que se presta a lo largo y ancho del país. El desafío, entonces, es conocer y articular la oferta de justicia en los municipios y, sobre todo, evaluar su desempeño para verificar su efectividad.

Segundo, la justicia no ha llegado a todos los municipios del país y ha estado ausente en las zonas rurales. Otro desafío, entonces, es fortalecer su presencia en el territorio para acercarla a las comunidades. No se trata solo de tener más jueces y fiscales –algo sin duda necesario-, sino de organizar el sistema de tal manera que existan rutas serias de gestión y solución de conflictos según la demanda ciudadana. Se requiere especialmente que la justicia gestione y resuelva las necesidades jurídicas del campo. Esto implicará, en algunos lugares, tener estrategias móviles de justicia.  

Tercero, la justicia debe abandonar el desprecio que ha tenido por la consolidación de sistemas de información de calidad. No solo no tenemos un sistema que permita saber cuál es la oferta integral de justicia en cada municipio, sino que no sabemos cuáles son las necesidades jurídicas de la población, cómo se resuelven los casos a través de los distintos mecanismos empleados, qué autoridades gestionan y solucionan conflictos, cuál es el grado de cumplimiento de las decisiones, cuántas personas realmente están privadas de la libertad, entre otras. La consolidación de la información, entonces, es otro desafío.

Cuarto, los poderes Ejecutivo y Legislativo deben evitar dos prácticas que han sido dañinas para el buen funcionamiento de la justicia. Me refiero, por un lado, al uso excesivo de la justicia para enfrentar todo tipo de conflictos, particularmente a través del “populismo punitivo”, es decir, el uso del derecho penal para resolver todos los problemas. Y, por otro lado, a la vulneración de los derechos fundamentales por parte de las autoridades públicas, que aumenta el uso de acciones judiciales y recarga el sistema de justicia. 

Una justicia confiable y accesible en la etapa de implementación del acuerdo de paz es clave para la población. Por eso, es importante superar los problemas detectados y ofrecer mecanismos efectivos que permitan la gestión y la solución de los conflictos. Podríamos iniciar con un análisis serio de la oferta de justicia y de las necesidades jurídicas en el ámbito territorial, y con estrategias móviles que permitan su acercamiento a las esferas rurales. El acuerdo de paz es una oportunidad para fortalecer la justicia en todo el país.