Sí a la donación de órganos y tejidos humanos

Juan Martín Fierro Director de ÁMBITO JURÍDICO. Miembro del Instituto Libertad y Progreso @jmartinfierro

A propósito de dos proyectos de ley sobre donación de órganos y tejidos humanos tramitados en el Congreso, es importante revisar algunos puntos que no están del todo claros.

La primera iniciativa, que al momento de escribir esta columna pasaba a sanción presidencial, tiene como objetivo ampliar la presunción legal de donación de componentes anatómicos para fines de trasplantes u otros usos terapéuticos, consagrando para ello un marco jurídico más acorde a la realidad colombiana.

La segunda, que aún hace curso en el Legislativo, establece que al afiliarse al sistema de salud, expedir la cédula de ciudadanía o la licencia de conducir, los colombianos manifiesten si desean o no ser donantes de órganos y tejidos.

Aunque bien intencionados, estos dos proyectos podrían generar un cortocircuito respecto a un tema de por sí complejo. Veamos. Mientras que la primera iniciativa amplía la presunción legal para convertir a todo colombiano –que no se oponga en vida– en potencial donante, la segunda abre la posibilidad de decidir “sí” o “no” al momento de expedir la cédula y/o la licencia de conducir, o afiliarse a una EPS. En pocas palabras, mientras que el primer proyecto nos faculta para decir solamente “no”, el segundo, al menos así se desprende de lo votado en la plenaria del Senado, nos da la opción de decir “sí” o “no”. ¿En qué quedaría entonces lo ya ganado con la ampliación de la presunción legal en caso de aprobarse esta segunda iniciativa? ¿Cuál es el sentido práctico de pedirle al ciudadano que exprese si quiere o no ser donante cuando tramita ciertos documentos ante el Estado si ya existe una presunción de ley que lo define como tal?

Ojalá que el gran paso que se ha dado con la aprobación del proyecto que amplía la presunción legal no se vea afectado por una norma posterior que traiga confusión y trámites innecesarios. No hay que perder de vista dos objetivos fundamentales: de un lado, evitar que las donaciones consentidas sean prohibidas por los deudos; y del otro, atacar las preocupantes cifras de donantes reales. Solo siete de cada millón de colombianos donan efectivamente sus órganos, una cifra que nos pone por debajo de otros países de la región como Uruguay, Argentina o Brasil.

Como telón de fondo al mencionado trámite legislativo, está una realidad que adquiere tintes dramáticos. Si bien los datos oficiales revelaron un incremento del 14,5 % en el número de donantes durante el primer semestre del 2015 respecto al mismo período en el 2014, la lista de pacientes que aún esperan por un trasplante creció 23,5 %. A junio del año pasado, 2.266 personas esperaban por un órgano mientras que 38 personas fallecieron aguardando esa oportunidad.

El principal obstáculo para que aumente el número de donantes es de tipo cultural. Si bien el 63 % de las familias acceden, hay un 37 % que finalmente no autoriza. Por lo general, esta negativa va acompañada de argumentos religiosos y de una rampante desinformación. De ahí que corresponda al Estado hacer más pedagogía sobre el tema a través de campañas en los medios de comunicación; y al mismo tiempo, mostrar resultados contundentes en la lucha contra el tráfico de órganos y tejidos, un problema de escandalosas cifras a nivel mundial.

Este oscuro panorama contrasta con algunos casos admirables como el de Sofía El Khouny, la niña colombiana de 10 años que falleció en un absurdo accidente en julio pasado mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en Turquía. Si bien todas las muertes son dolorosas, las de los niños resultan quizás más estremecedoras por tratarse de seres humanos que apenas comienzan su paso por este mundo. Pues bien, en medio de un sufrimiento indescriptible al recibir la peor de las noticias, los padres de la pequeña Sofía no titubearon al ser consultados por los médicos sobre la decisión de donar los órganos de la menor con el fin altruista de salvar a otros niños.

Sin desconocer los nobles motivos personales de cada quien, resulta difícil encontrar un ejemplo más diciente de madurez ciudadana, de altruismo social y si se quiere, de auténtica modernidad democrática que el de una comunidad que participa activamente en una política pública de donación de órganos y tejidos humanos. El ejemplo de la familia de Sofía, sumado a la nueva normatividad que hace trámite en el Congreso, deberían servir para que más colombianos se despojen de falsos prejuicios y se conviertan en donantes sin más razón que la de ofrecer a otro ser humano la posibilidad de dignificar su existencia.