Una entidad prestadora de salud que condiciona la autorización y prestación de los servicios médicos al pago de cuotas de recuperación y copagos, sin valorar la carencia de recursos económicos y la situación del sujeto de especial protección, desconoce el derecho fundamental a la salud de sus afiliados. Así lo señaló la Corte Constitucional al tutelar el derecho a la salud y al mínimo vital de una persona de la tercera edad a la que se le impusieron dichos condicionamientos para recibir los tratamientos médicos requeridos para una enfermedad catastrófica que padece. La Sala Quinta de Revisión instó a la Personería Municipal de Barbacoas, a la Procuraduría General y a la Superintendencia de Salud para que investigue la conducta, entre otras, de la Secretaría de Salud de Bogotá, al dilatar e impedir la garantía del derecho a la salud de la accionante (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).