El decreto por medio del cual el Presidente de la Republica convocó a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para aprobar la ley que convocaba al referendo reeleccionista (Decreto 4742 del 2008) no podía ser controlado de manera separada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, mientras se adelantaba el control respectivo de la ley por la Corte Constitucional. El texto del auto, dado a conocer recientemente, señala que aunque formalmente el análisis de constitucionalidad de dicho acto político correspondería al Consejo de Estado, es un acto administrativo que integra el procedimiento de reforma constitucional por referendo, lo que lo hace inseparable del estudio automático que debe hacer la Corte Constitucional a la ley que lo convoca. La Sala Plena señaló que no es un acto de carácter solamente administrativo, sino también político o de gobierno dirigido a otra rama del poder público, el Legislativo (M. P. María Claudia Rojas Lasso).