El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le solicitó a la Corte Constitucional que, de oficio, se declare la nulidad de la Sentencia T-946 del 2008 o se aclaren los alcances de la misma y se amparen los derechos de un médico condenado por no practicar un aborto a una menor de edad incapacitada. Según el Ministerio Público, se vulneraron los derechos de defensa y debido proceso del galeno, luego de ser condenado en abstracto a pagar los perjuicios ocasionados a la menor sin que se le hubiera vinculado como parte dentro del trámite de la tutela inicial ni en el recurso de revisión de la misma. Adicionalmente, fue el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas quien determinó enviar copia del auto que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios en contra del médico y le ordena pagar más de $ 120 millones, para que la Corte revise las actuaciones.