La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para conocer de fondo la demanda contra los artículos 6 de la Ley 782 del 2002 y 49 de la Ley 418 de 1997, que a juicio del demandante incurren en omisión legislativa por no incluir dentro de las víctimas de la violencia política a los desaparecidos y a sus familiares. El Ministerio Público señaló que además de no superar el obstáculo de la sustracción de materia, la demanda incluye una norma derogada.