Tras años de darle vueltas al asunto, la Corte Constitucional reconoció que las parejas del mismo sexo pueden construir un proyecto de vida en común con vocación de permanencia, es decir, pueden formar una familia. También decidió que tienen derecho a la porción conyugal.

Después, una tutela dio cuenta de las discriminaciones de que son víctimas los miembros de esta comunidad. Por eso, se ordenó una política pública que permita su socialización.