Paz y reelección

Juan Manuel Charry Urueña Abogado constitucionalista jcharry@charrymosquera.com.co Twitter: @jmcharry

Clausewitz decía que la guerra es una continuación de la política. Las actuales negociaciones con las FARC pretenden revertir el camino para que la política sea la continuación del conflicto, por medios racionales en los escenarios democráticos, dentro de un marco de justicia transicional, que implicaría verdad, reparación y sanción extrajudicial.

El asunto guerrillero ha estado en el centro del debate político y ha sido determinante en las últimas cuatro elecciones presidenciales. Los anteriores gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe obtuvieron respaldo electoral para sus respectivas propuestas. El primero, con una fórmula de paz que incluía zona de despeje y que fracasó por los abusos guerrilleros; el segundo, ante el descontento generalizado por lo anterior, con una propuesta de ejercicio de autoridad y empleo de la fuerza que justificó adoptar la reelección presidencial para consolidar los efectos de la estrategia. El actual gobierno de Juan Manuel Santos debía continuar con esta, sin embargo, optó por explorar la posibilidad de la negociación con los grupos armados ilegales y ahora buscaría la legitimación de los posibles acuerdos mediante un referendo constitucional. Su eventual reelección estaría determinada por lo que ocurra con la negociación.

Los dos periodos gubernamentales de ejercicio de autoridad no fueron suficientes, como tampoco el actual de negociación. La eventual reelección presidencial será la oportunidad para que los electores decidan si quieren continuar con esta opción, si restablecen la represión o eligen otra alternativa.

La negociación de paz con las FARC quedará inconclusa en este periodo de gobierno de Juan Manuel Santos. De los cinco o seis puntos de la agenda, se han abordado tan solo dos en las 16 rondas, lo que hace prever que se requeriría al menos otro año para evacuar la totalidad de la agenda. La reforma a la ley estatutaria para permitir que coincidan las elecciones del mecanismo de participación con las de Congreso o Presidente no ha culminado su trámite y la Corte Constitucional gastaría nueve meses en su revisión. Si se logra un acuerdo de paz, se tendría que tramitar otra ley para convocar a referendo, que también tendría control previo por la Corte Constitucional.

Por lo tanto, nada permite creer que se someta un posible acuerdo de paz a referendo para las próximas elecciones de 2014.

De otro lado, aún no se han presentado los proyectos de ley estatutaria que desarrollarían el marco jurídico para la paz, en cuanto al trato diferenciado a guerrilleros y agentes del Estado, a los instrumentos de carácter judicial y extrajudicial de investigación y sanción, a los criterios de selección, y a cuáles serían considerados los delitos conexos al delito político para efectos de la participación en política. Estas leyes requerirían unos meses para su trámite y nueve meses para su revisión en la Corte Constitucional. En otros términos, si se alcanza un acuerdo de paz, se requeriría más de un año para establecer los elementos de justicia transicional, sin contar el tiempo que tardarían los respectivos procesos.

La sincronización de las agendas para la paz aún no se vislumbra. Se requieren al menos cuatro leyes, tres estatutarias y otra para convocar el referendo, todas con control de constitucionalidad previo, de las cuales solo una ha iniciado su trámite. Se deberán adelantar los procesos de justicia transicional y determinar las sanciones extrajudiciales, así como establecer cuáles son los delitos políticos y conexos.

Se tendrá que prever qué harán los guerrilleros mientras se prepara el referendo, qué pasaría si se aprueban unas partes del acuerdo y otras no, y refrendado el acuerdo qué harán los guerrilleros mientras se definen los elementos de justicia transicional y se adelantan los procesos.

El panorama no está claro y se debe simplificar. Si no se alcanza un acuerdo con las FARC durante este año, las negociaciones de paz se deberían suspender. Las próximas elecciones, con reelección o sin esta, deberían ser la oportunidad para que los electores respalden o no las negociaciones, y en esas condiciones, no sería necesario un referendo. En todo caso, se deberían tramitar las leyes estatutarias que desarrollen el marco jurídico para la paz, que es pieza esencial de cualquier negociación con los grupos guerrilleros.

En síntesis, las elecciones presidenciales, y en particular la próxima, son la forma de legitimación de la estrategia gubernamental para afrontar a los grupos guerrilleros.

Agradeceré comentarios.