No se altere, sus redes sociales lo pueden meter en problemas judiciales

 

Por Luisa Monroy

Redactora Ámbito Jurídico

 

Una disputa en redes sociales entre Álvaro Uribe y Daniel Coronell concluyó, el año pasado, en una sentencia inhibitoria por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

¿El origen de la disputa? La respuesta que Uribe, indirectamente, dio a Coronell en sus redes sociales por una columna en la que el periodista reprochaba una supuesta reunión entre un hijo del expresidente y algunos proponentes en la licitación de la denominada Ruta del sol.

 

En esa oportunidad, el expresidente usó la red social Twitter para dar a conocer los presuntos vínculos entre el periodista y César Villegas, condenado por lavado de activos, y Pastor Perafán, reconocido narcotraficante.

 

Por lo abstracto de los mensajes, la Corte se declaró inhibida de pronunciarse y se manifestó diciendo que los calificativos usados por Uribe Vélez no eran una imputación directa de pertenencia de Coronell a una organización delictiva, sino una versión del adagio popular “dime con quién andas y te diré quién eres”, por lo cual se apartó de un pronunciamiento judicial.

 

Sin embargo, en dicha oportunidad, la Corte sí llamó la atención al hoy Senador y precisó que “el lenguaje agresivo era una manifestación de violencia y usado por un líder político en cualquiera de las redes sociales puede llegar a ser identificado por alguno de sus seguidores como una invitación o, por lo menos, una autorización velada al uso de la violencia física contra el destinatario del trino o del discurso descalificador.”

 

A partir de este pronunciamiento, Ámbito Jurídico presenta los escenarios recientes en los que una persona puede enfrentar problemas por su comportamiento en redes.

 

¿Pueden los servidores públicos bloquear a usuarios en redes sociales?

 

En esta nueva disputa jurídica está involucrado nada más y nada menos que el presidente de EE UU, Donald Trump.

 

En efecto, la cadena de noticias CNN informó que un grupo de siete ciudadanos bloqueados por Trump y el Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia demandaron al presidente, al secretario de prensa de la Casa Blanca y a su director de redes sociales.

 

En la demanda se argumenta que Twitter es un foro público amparado bajo la primera enmienda de la Constitución norteamericana y que dado que la cuenta del presidente (@realDonaldTrump) se usa para hacer anuncios oficiales del Gobierno, los tuits deben ser accesibles a todo el mundo. En la demanda también se solicita que el presidente desbloquee a los usuarios.

 

Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, se ha pronunciado en varias oportunidades frente al tema. Para la jurista, las cuentas en redes sociales de los presidentes son una poderosa herramienta de comunicación que origina, de forma deliberada, la creación de foros de discusión sobre asuntos de interés general.  

 

En tal virtud, si los presidentes deciden utilizar libremente sus cuentas para comunicar información relacionada con sus funciones, dicha información se convierte en pública. En consecuencia, no puede ser ocultada a una parte de la ciudadanía.

 

“Impedir que los críticos puedan acceder a la información de estas cuentas en las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar que el resto de la población viola el derecho de acceso a la información y el derecho a la no discriminación por razones políticas.

 

Problemas para el ciudadano tuitero

 

En febrero de este año, el periodista Iraní de la BBC, Ali Hamedani, con pasaporte británico, arribó a un aeropuerto de Chicago. Para ese momento, Trump había modificado las políticas migratorias y prohibido el ingreso de personas provenientes de siete naciones de mayoría musulmana.

 

Al pasar por migración, un agente federal le ordenó entregar la contraseña de uno de sus dispositivos móviles. Según el relato del periodista, las autoridades revisaron sus redes sociales, en lo que parecía ser una búsqueda de alguna posición política.

 

Y es que el gobierno norteamericano anunció nuevos requisitos para la expedición de visas para las personas que quieran ingresar a territorio norteamericano, como la posibilidad de revisar las publicaciones en redes sociales de los últimos cinco años de los solicitantes y pedir información biográfica de los últimos 15 años, como historial de viajes, contactos, números telefónicos, entre otras cosas.

 

Así se ha vuelto de importante el uso cuidadoso de las redes para evitar que los planes de viaje se entorpezcan por las publicaciones en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram o cualquier otra.

 

Pruebas en procesos judiciales

 

Este asunto se refiere al uso más imprudente que los usuarios pueden dar a sus redes: descalificar a otras personas de manera directa o subir contenido que posteriormente es usado como prueba dentro de un proceso judicial es cada vez más común. (Lea: Análisis: ¿Los audios de chats sirven como prueba judicial?)

 

De hecho, casi a diario, los medios de comunicación informan sobre bochornosos episodios de los que son protagonistas delincuentes que suben a sus redes sociales contenido, tal vez inconscientemente, que posteriormente sirve a las autoridades para dar con su paradero y para extraer material probatorio contundente en su contra.

 

Tal es el caso de tres personas, en Chile, que fueron condenadas a penas de 13 y 15 años de cárcel por una serie de robos con intimidación en locales de Santiago. Los señalados solicitaron a la Corte Suprema anular la sentencia alegando “pruebas ilícitas”. La petición de nulidad alegaba el quebrantamiento “del derecho a la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada”.

 

Sin embargo, el alto tribunal estimó que ese derecho no se vulneró, porque el contenido subido a la red social fue un hecho público: “No puede considerarse privado y, por ende, no está protegido por la garantía constitucional”, informó IDEALEX.press.

 

Otro caso involucra a aquellas personas que usan los dispositivos móviles robados para fotografiarse, sin darse cuenta que este contenido está siendo subido a la nube digital de los diferentes teléfonos inteligentes (por ejemplo el sistema Icloud de los IPhone), con lo cual el dueño del objeto puede identificarlos de manera inmediata.

 

Los riesgos legales del Twitter

 

A propósito de este tema, el periódico The Guardian publicó un artículo titulado: Twitter and the law: 10 legal risks. Algunas de estas reglas podrían ser aplicadas en el caso colombiano y le evitarán problemas legales:

 

(i) Tuits y hashtags de marcas: Los hashtags, marcados con el símbolo #, se utilizan para alertar a los usuarios de las conversaciones relevantes que tienen lugar en Twitter. Sin embargo, existe el riesgo de que la combinación de un hashtag con la marca de otra persona pueda resultar en una infracción marcaria.

 

(ii) Tuits copiados: Un tuit podría trasgredir la ley de derechos de autor si reproduce incluso parte de una frase aislada de una obra protegida por derechos de autor.

 

(iii) Tuits que revelan información personal o confidencial: Las leyes de protección de datos protegen contra el procesamiento de información personal sin permiso. Las reglas no se aplican a actividades puramente personales y domésticas.

 

(iv) Tuits amenazantes: Esto podría equivaler a un asalto si la persona a quien fue dirigido tiene una creencia genuina de que el daño físico es inminente. Ahora bien, una serie de tuits que causan daño psicológico a otra persona también puede trasgredir el derecho penal.

 

(v) Suplantación: Un imitador que abre una cuenta de Twitter podría estar expuesto a una reclamación por fraude si la persona que ha sido suplantada sufre pérdida o daño como resultado de la suplantación.

 

(vi) Tuits injuriosos: Un tuit que contenga una declaración falsa o una acusación injuriosa en contra de otra persona puede trasgredir las leyes penales.

 

Siempre tenga en cuenta que el sosiego y mesura a la hora de expresarse, tanto escrita como verbalmente, son vitales para conservar buenas relaciones interpersonales y evitar meterse en líos.