La paz, nueva oportunidad para la ciudadanía, la empresa y el Estado

 

Julián Arévalo B.

PhD en Ciencia Política de la Universidad de Boston. Coordinador del Área de Empresa y Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz

@JulianArevaloB

 

La terminación del conflicto armado en Colombia representa varios hitos: por un lado, poder detener los costos que este ha representado en vidas humanas, condiciones ambientales y de infraestructura, entre muchos otros. Adicionalmente, finalizar el conflicto permite la posibilidad de capitalizar lo que se ha denominado como el dividendo de paz.

 

Pero, de igual manera, el fin del conflicto es una oportunidad para hacer una nueva alianza entre ciudadanía, empresa y Estado que, por un lado, permita la sostenibilidad de los planes y programas acordados en La Habana y que, por el otro, se traduzca en mejores condiciones para cada una de las partes de esta alianza.

 

El análisis de los costos del conflicto y los beneficios de la paz permiten esbozar algunas ideas sobre los elementos que debe incorporar esta nueva alianza.

 

Los costos del conflicto

El costo más importante que ha dejado el conflicto armado en Colombia es el humano. Según el registro único de víctimas, entre 1985 y agosto del 2016, aparecen 7.9000.102 personas, cifra igualmente alarmante para cada una de las formas de violencia. Así mismo, el desplazamiento forzado y la violencia imponen costos económicos sustanciales sobre las víctimas, que experimentan caídas del 28 % en sus niveles de consumo y una disminución del 50 % en los ingresos del hogar, al tiempo que enfrentan tasas mayores de desempleo, efectos sicológicos adversos y altas posibilidades de revictimización (Ibáñez y Moya, 2007).

 

El conflicto armado también ha deteriorado el medioambiente. Parques nacionales naturales con cultivos de coca y bosques deforestados como resultado de las actividades de minería ilegal y narcotráfico han puesto en peligro la existencia de especies y ríos. Finalmente, la infraestructura del país también ha sufrido la intensidad del conflicto. Entre 1990 y el 2013, se presentaron 8.530 atentados contra esta, con especial intensidad en la infraestructura eléctrica y la petrolera.

Este panorama desolador asociado a apenas algunos de los costos que nos ha dejado el conflicto tiene implicaciones adicionales para el desarrollo el país. Según varios expertos, la destrucción de infraestructura, las bajas tasas de inversión extranjera y la erosión del capital humano hacen que la tasa de crecimiento de la economía de los países con un conflicto armado prolongado sea 2,2 % menor que aquella de países sin conflicto. En Colombia, se estima que la economía habría crecido entre 2 y 3 puntos adicionales por año durante las décadas anteriores, de no haber tenido conflicto armado.

 

Dividendos de la paz

Desde un ángulo opuesto, esta situación abre la puerta al conocido dividendo de paz, esto es, el beneficio económico al que podrían aspirar las sociedades luego de terminar sus conflictos. Ahora, independientemente de qué tanto del dividendo de paz en Colombia ya se haya capitalizado, es claro que aún hay diversos sectores de la economía colombiana que tienen mucho que ganar en el posconflicto.

 

El primero de ellos es el sector agropecuario. Según la FAO, Colombia es el séptimo país con mayor potencial de producción de alimentos en el mundo, lo cual no se ha podido aprovechar, por varias razones, pero la principal es la violencia en el campo. De forma similar, se estima que sin conflicto armado Colombia, se podrían producir, por lo menos, 700.000 toneladas de alimentos adicionales a la producción actual (Pinilla y Durán, 2013). Y sin el miedo e incertidumbre asociados al conflicto, los campesinos colombianos podrían darle un mejor uso al suelo y tomar mejores decisiones de inversión, lo que incentivaría el desarrollo de más cultivos permanentes (Arias e Ibáñez, 2014).

 

Todos estos cálculos en buena medida resultan conservadores, si se tiene en cuenta que no contemplan las transformaciones asociadas a la implementación del acuerdo de La Habana, donde aparecen medidas orientadas a dinamizar la economía rural, como la asistencia técnica, el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura de riego y drenaje, y la construcción de vías terciarias, entre otros.

 

Beneficios similares se pueden encontrar en sectores como el turismo, el comercio, la infraestructura y la construcción. Pero, tal vez, la oportunidad más importante es aquella de carácter transversal a diferentes sectores de la economía y que se encuentra vinculada a uno de los pilares fundamentales del acuerdo de La Habana: la integración del territorio.

 

Por una nueva alianza

El acuerdo de La Habana va más allá que lo alcanzado en procesos anteriores, ya que no solo busca desarmar, desmovilizar y reincorporar excombatientes, sino que, además, pretende atacar las condiciones territoriales que permitieron que el conflicto se prolongara en el tiempo.

 

Esto es, el acuerdo parte de la premisa de que lograr la paz estable y duradera, que se trazó como meta, pasa por transformar las condiciones de pobreza, marginalidad, exclusión e ilegalidad asociada a algunos territorios.

 

Y es justamente en la puesta en marcha de esas transformaciones donde hay una oportunidad para llevar a cabo una nueva alianza entre ciudadanía, empresa y Estado.

 

Empecemos por el Estado. Como resultado de la implementación del acuerdo, el Estado colombiano debe resultar fortalecido, no solo con mejores condiciones para brindar seguridad –desaparece la amenaza de las Farc y se pueden reorientar recursos a otras formas de criminalidad-, sino que también contará con herramientas para cumplir con otras de sus funciones básicas, como las de proteger la propiedad o administrar justicia, todo esto de la mano de una serie de compromisos en garantía de derechos.

 

La ciudadanía, por su parte, deberá ser protagonista en la implementación, en tanto el resultado de La Habana, si se quiere, es la delineación de una hoja de ruta sobre los planes y programas que se ejecutarán en los próximos años, pero en cuya priorización, diseño, ejecución y seguimiento deberá participar la ciudadanía. Los espacios de participación contemplados en el acuerdo deberán contribuir a los procesos de reconciliación.

 

Ahora, estos esfuerzos de Estado y ciudadanía no serían sostenibles sin una eficaz vinculación del sector privado. Superar las brechas de pobreza y desigualdad que caracterizan a las regiones más golpeadas por el conflicto requiere, sin duda, de un Estado fortalecido y una ciudadanía movilizada, pero estos serían insuficientes si no van acompañados de la creación de mercados legales y formales que sean el fundamento de la actividad económica de estas regiones, y que a través de ellos la ciudadanía empiece a tener las oportunidades que le han sido negadas por la guerra.

 

Nuevos mercados

Y en esta tarea de creación de mercados es crucial el papel del sector privado. Allí pueden aplicarse prácticas como la extensión de cadenas de valor para incluir a los territorios y comunidades más afectados por el conflicto, o la contribución de la empresa a partir del trabajo con organizaciones de productores locales y cooperativas, precisamente uno de los elementos que destaca el acuerdo.

 

Pero aparte de ser un potencial dinamizador de la economía regional, la empresa privada también es un potencial coordinador de iniciativas. Así, las empresas pueden aportar en los procesos de consolidación de proyectos productivos locales y transmitirles sus visiones de largo plazo. Igualmente, al jugar un rol activo en los programas comunitarios de reconciliación, pueden incorporarle elementos económicos, de tal forma que estos contribuyan tanto a la reconstrucción del tejido social, como al desarrollo de los proyectos productivos de las poblaciones cuyos derechos han sido vulnerados, todo esto con prácticas ambientalmente sostenibles.

 

Nada de esto es nuevo. Empresas colombianas y extranjeras han venido desarrollando acciones de este tipo, aún en condiciones de alta conflictividad. En lo que es diferente esta coyuntura es en que terminar el conflicto es una oportunidad para que muchas más empresas se sumen a estas iniciativas, se dé una reflexión amplia sobre las mejores formas de hacerlo y para que como sociedad hagamos la transición de pensar en los costos del conflicto a pensar en las oportunidades de la paz. Oportunidades de mejoras en términos políticos y sociales, pero también en materia económica.

 

Michael Porter, experto en competitividad de la Universidad de Harvard, muestra que las firmas a las que mejor les va es a aquellas que invierten en su entorno. La terminación del conflicto es la oportunidad que tendrán muchas firmas colombianas para invertir en un entorno que hasta hace poco estaba vedado. Es también la oportunidad para que a través del desarrollo productivo de estas regiones se logre el cierre de las brechas históricas y las desigualdades frente al mundo urbano que han caracterizado al campo colombiano, y se erradiquen las condiciones que permitieron la prolongación del conflicto.