La participación política en el Acuerdo Final

 

Juan Manuel Charry Urueña

Presidente del Instituto Libertad y Progreso

@jmcharry

 

El Acuerdo Final firmado con las Farc parte de un supuesto: la necesidad de ampliar la democracia y permitir la participación de nuevas fuerzas políticas. De otro lado, proscribe la violencia como método de acción política, y considera que se debe permitir el pluralismo, facilitar la constitución de nuevos partidos y otorgar suficientes garantías a la oposición. Lo anterior, debe estar acompañado de una distribución equitativa de recursos públicos destinados a partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia de los procesos electorales. Además, supone el fortalecimiento de los movimientos y organizaciones sociales, así como de la participación de las mujeres.

 

Los territorios más afectados por el conflicto deben tener una mayor representación en el Congreso y, por supuesto, se deben crear las condiciones para que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos.

 

Oposición política

 

En cuanto a las garantías para la oposición, se distingue entre la oposición ejercida dentro del sistema político y, de otra parte, las actividades de las organizaciones sociales. Tras la firma del Acuerdo, los partidos y movimientos políticos serán convocados a una comisión para definir los lineamientos del Estatuto de la Oposición, a la cual se convocará adicionalmente a la Marcha Patriótica y al Congreso de los Pueblos, así como a dos expertos delegados de las Farc. El Gobierno presentará el proyecto de ley correspondiente dentro de los tres meses siguientes a la entrega de las recomendaciones que formule la comisión.

 

El Gobierno establecerá un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que contará con un robusto mecanismo de control interno, para prevenir cualquier posible violencia contra quienes ejercen la política. Este sistema tendrá una instancia de alto nivel que dependerá de la Presidencia de la República, con una comisión de seguimiento y evaluación. Se revisará el marco normativo para elevar las penas de los delitos contra quienes ejercen la política y se fortalecerán las capacidades investigativas y de judialización para procesar a los responsables. Se establecerá un sistema de alertas tempranas, un programa de protección y un sistema de planeación, información y monitoreo.

 

Participación ciudadana

 

Se reconoce como acción política la protesta y la movilización de los movimientos y organizaciones sociales, para lo cual el Gobierno elaborará un proyecto de ley, en el que una comisión de diálogo sugerirá propuestas de garantías adicionales. Gobierno y Farc solicitarán al Consejo Nacional de Participación el apoyo de Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el Cinep, para que organice un espacio de participación de carácter nacional, que se convocará dentro de los 60 días siguientes al afirma del Acuerdo.

 

El Gobierno definirá los ajustes normativos necesarios para garantizar la movilización y la protesta, una comisión especial discutirá los insumos provenientes de espacio de participación nacional, sin perjuicio de que el Gobierno amplíe las instancias de participación ciudadana.

 

Medios de comunicación y reconciliación

 

El Ejecutivo también se compromete a abrir nuevas convocatorias para radio comunitaria, a abrir espacios para emisoras y canales institucionales para divulgar el trabajo de las organizaciones sociales, así como a financiar la producción y divulgación de contenidos para fomentar una cultura de paz y justicia social.

 

Así mismo, creará un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, del cual hará parte el movimiento político que surja de las Farc, que tendrá función asesora para el diseño de programas, pedagogía del Acuerdo, divulgación de una cultura de paz y la creación de una cátedra de cultura política. Habrá consejos en los niveles territoriales para asesorar a las autoridades locales.

 

Veeduría ciudadana y planeación democrática

 

Para cumplir los objetivos del Acuerdo en todo el territorio nacional y, en especial, en las zonas priorizadas, será necesario hacer grandes inversiones, para lo cual el Gobierno establecerá un plan de creación y promoción de veedurías ciudadanas, un plan de formación de veedores, mecanismos de información del Acuerdo, un programa especial para la eliminación de la corrupción, una campaña especial de divulgación de derechos de participación y fortalecerá el mecanismo de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos.

 

De otro lado, el Gobierno se compromete a revisar los consejos territoriales de planeación, a fin de ampliar la participación, fortalecer las juntas administradoras locales, hacer ajustes normativos, promover la participación de las mujeres, revisar la participación de los sectores y promover la construcción de presupuestos participativos.

 

Pluralismo político

 

El Gobierno facilitará el tránsito de organizaciones y movimientos sociales a partidos o movimientos políticos; habrá un régimen de transición de ocho años, con financiación para nuevos partidos que irrumpan por primera vez en el escenario político; los recursos públicos se distribuirán de manera más equitativa; se realizará una campaña nacional de cedulación masiva; se conformará un Tribunal Nacional de Garantías Electorales y tribunales especiales seccionales en las circunscripciones de mayor riesgo de fraude electoral y se fortalecerá la capacidad de investigación y sanción de los delitos. La pauta oficial será de conocimiento público.

 

Se creará una Misión Especial Electoral, conformada por siete expertos de alto nivel, la mayoría de nacionalidad colombiana, entre los cuales estará un representante de la Misión de Observación Electoral y seis expertos seleccionados por distintas organizaciones.

 

Por último, el Gobierno se compromete a crear 16 circunscripciones transitorias, para elegir 16 representantes a la Cámara, por dos periodos electorales, con financiación especial, donde los partidos con representación en el Congreso no podrán inscribir candidatos.

 

Conclusiones

 

En lo atinente a este punto, las Farc no tienen un proyecto político específico. Se trata de cumplir con un objetivo similar a la Asamblea Constituyente de 1991, consistente en fortalecer la democracia, la participación ciudadana y, en este caso, prevenir y sancionar con mayores penas los delitos contra quienes ejerzan la política.

 

Sí configura una novedad reconocer que la protesta y la movilización de las organizaciones sociales hacen parte de las acciones políticas, pero también constituye una confusión atribuir naturaleza política a las demandas sociales.

 

La proscripción de la violencia como forma de actuar política es la conclusión obvia y básica de cualquier acuerdo para poner fin a un conflicto armado.

 

En cuanto a conceder 16 curules en la Cámara de Representantes, a las zonas más afectadas por la violencia, e impedir que los partidos con representación en el Congreso compitan con sus candidatos, constituye una concesión para que el grupo guerrillero en tránsito de convertirse en movimiento político presente candidatos en sus zonas de influencia, pudiendo competir con otros actores políticos de las zonas.

 

En lo demás, se proponen actividades pendientes del Estado, como la expedición del Estatuto de Oposición, la apertura y el acceso a medios de comunicación, la promoción de una cultura política, la participación en la elaboración de los presupuestos, entre otros.

 

Ahora bien, la implementación de esta parte del Acuerdo implica crear 16 circunscripciones, un sistema, una instancia dependiente de la Presidencia, un Consejo Nacional y consejos territoriales, un Tribunal Nacional de Garantías y tribunales seccionales, una misión, varias comisiones y múltiples planes y programas. Esto implica reformar la Constitución y normas penales y de procedimiento penal, expedir leyes estatutarias de oposición y participación política, modificar leyes relativas al régimen departamental y municipal y otros actos de naturaleza administrativa.

 

La implementación de este y los otros puntos del Acuerdo Final impactan la estructura del Estado y el orden jurídico de una manera tan desproporcionada y contundente, que parecerían justificar una de las pretensiones iniciales de las Farc: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

 

Agradeceré comentarios: jcharry@charrymosquera.com.co