Justicia y Paz: ¿también en femenino?

Mónica Roa Especialista en uso del Derecho para la promoción del cambio social y en equidad de género

Todo parece indicar que el Fiscal General de la Nación no lee mis columnas de ÁMBITO JURÍDICO. Quien quiera entender por qué el caso de Carolina Sabino se enmarca dentro de los casos de aborto reconocidos como legales por la Corte Constitucional puede leer mi columna del mes pasado Abortar cuando hay riesgo para la salud mental sí es un derecho (edición 424, pg. 14). No voy a repetirme. Lo que sí voy a hacer es cuestionar cuáles son las prioridades de la justicia en Colombia para las mujeres y las niñas.

Mientras discutíamos sobre la indignación que nos causaba la imputación contra Carolina Sabino por un aborto que fue legal, y la filtración de su historia clínica a los medios de comunicación, se publicaban los siguientes temas en la prensa nacional: en Sucre se reportaron 161 casos de violencia sexual durante el primer semestre del presente año, la mayoría de las víctimas son menores de entre 10 y 14 años (El Heraldo); en Colombia han sido asesinadas 399 mujeres a manos de sus parejas o exparejas en el primer semestre de 2015 (RCN); y en Medellín se han presentado 80 casos de mujeres asesinadas en lo corrido del año (El Espectador). La pregunta obligada es: ¿Cuáles son las prioridades de la Fiscalía para usar sus limitados recursos humanos y financieros en materia de justicia para las mujeres? ¿No debería estar haciendo imputaciones en los miles de casos de feminicidio y violencia sexual que esperan justicia en lugar de perseguir y luego dejar de perseguir a mujeres por supuestos abortos ilegales?

Construir la paz en Colombia tiene que incluir una reflexión sobre lo que significa la justicia para las mujeres. No podemos firmar un acuerdo con la guerrilla en La Habana y pretender que las mujeres nos sumemos a esta nueva apuesta de país, mientras la justicia se dedica a perseguirnos en lugar de protegernos. La justicia no puede ser el gran hermano que escucha nuestras conversaciones telefónicas más íntimas para buscar qué delitos imputarnos, al tiempo que se hace la sorda cuando nos desgañitamos denunciando violadores y feminicidas.

El caso de Carolina Sabino –a la que quisieron imputar por un aborto que fue legal y violaron su derecho a la intimidad- y el de Jineth Bedoya –al dejar en libertad al acusado de su violación a pesar de existir muchas pruebas en su contra-  tienen dos cosas en común: por una parte, una injustificable metedura de pata por parte de la Fiscalía en escenarios bastante previsibles y, por la otra, la necesidad de recular posteriormente como reacción a la indignación de la opinión pública. ¡Qué desgaste tan innecesario! ¡Qué costo tan alto para la credibilidad de la justicia a los ojos de las mujeres! ¿Qué pueden esperar las mujeres y niñas de nombres desconocidos que solo llegan a los titulares en forma de estadística? ¿Con qué cara podemos seguir alentando a las mujeres para que denuncien a quienes amenazan con matarlas desde la otra orilla de su propia cama? ¿En qué idioma tenemos que repasar la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que quede claro que el aborto ya es un derecho en muchos más casos del riesgo de muerte inminente? ¿Es posible cambiar el país saltando de escándalo en escándalo?

Lo que más me indigna de todo esto, y no parece generar suficiente preocupación, es que la gran mayoría de las víctimas que conviven con la violencia sexual y con la amenaza constante de ser asesinadas por novios con celos enfermizos son niñas. Estas tienen un interés superior que debería prevalecer sobre cualquier otra consideración y traducirse en una protección reforzada. Ellas son el mayor motor de desarrollo en el mundo, y garantizar el máximo desarrollo de su potencial debería ser considerado como una gran oportunidad. ¿Cuándo empezarán a ser ellas - nuestras niñas de carne y hueso, no los embriones y cigotos-, el futuro del país y las madres de las nuevas generaciones, una prioridad para la justicia? Yo le creo al Fiscal cuando dice estar comprometido con los derechos de las mujeres. El problema es que ese discurso no es suficiente, si no se asegura que los fiscales del país actúen en consecuencia.