‘Fake news’

Catalina Botero Marino

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los DD HH

@cboteromarino

Frente a la vertiginosa y contradictoria información que circula en internet, ¿cómo se puede distinguir lo que es verdadero de lo falso? No me refiero a las opiniones, que no están sometidas a un juicio de verdad y cuya diversidad enriquece el debate. Me refiero a los hechos sobre los cuales esas opiniones se formulan: ¿Existe o no el cambio climático? ¿Van a recortar las pensiones por cuenta del Acuerdo de Paz? ¿Hay desabastecimiento de alimentos y medicinas en Venezuela? Y si lo hay, ¿es responsabilidad del sector privado, como afirma Maduro? Bastan cinco minutos para encontrar la respuesta en internet, ¿pero, cómo saber si es una respuesta fundada? Más aún, ¿estamos dispuestos a aceptar una respuesta que no queremos oír, una respuesta que no satisfaga nuestras convicciones previas?

Durante la última elección presidencial en EE UU, se acuñó la expresión “posverdad” para referirse a la información que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. Directamente relacionada con esta expresión se popularizó también la expresión “fake news”, en este caso referida a la divulgación deliberada de noticias falsas con intención de manipular al público. Aunque inicialmente fue un término acuñado para denunciar la información falsa divulgada por Trump, el propio presidente la utilizó de manera recurrente para desacreditar a la prensa y blindarse así ante su escrutinio. En cualquier caso, lo que quedó claro en el 2016 es que hoy mucha gente prefiere creer aquello que reflejan sus deseos a la información basada en la evidencia contrastable.

En otras circunstancias, esto no debería preocuparnos. Si una persona cree que una infección se cura mejor con acelgas que con antibióticos, solo ella corre con las consecuencias. Pero si un país toma la decisión de ir a una guerra como respuesta a una agresión que nunca existió, las consecuencias colectivas pueden ser devastadoras. Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta que mucha gente se hace es si el Estado debería prohibir “noticias falsas”, dado el daño que pueden hacer a la democracia. En este sentido, incluso, se ha presentado recientemente un proyecto de ley.

En la declaración conjunta de Viena del 2017, los cuatro relatores para la libertad de expresión (ONU, OEA, OSCE y Africana) indicaron que “la prohibición de difundir información basada en conceptos imprecisos y ambiguos como el de noticias falsas (“fake news”) es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión”. Como indicó Archibald Cox (en su confrontación con Nixon), a la hora de establecer qué afirmaciones tienen protección constitucional, “ningún gobierno cuenta con la suficiente sabiduría y generosidad para distinguir con exactitud y sin interés de parte lo que es verdadero de lo que es debatible, y separar ambos de lo que es falso”. Al darle al Estado la facultad de prohibir la información “falsa”, por el mero hecho de su falsedad, le estaríamos dando la facultad de prohibir la información inconveniente y censurar así a sus críticos.

La tarea de controlar la mentira compete a la sociedad y no al Estado. En este sentido, vale la pena resaltar iniciativas como el “flagging” o el “ranking” de Facebook; control social como el Código de Principios de la International Fact-Checking Network; sistemas de verificación de hechos implementados por organizaciones sociales y medios; y, sobre todo, el ejercicio de responsabilidad de los propios usuarios finales en internet: un like o un retuit de información que nos agrada, pero cuya veracidad desconocemos, puede contribuir a empeorar nuestra calidad democrática. El mayor poder que nos da internet también exige el ejercicio de una mayor responsabilidad colectiva. La censura, en esta materia, terminaría siendo peor que la enfermedad. Como dijo Jefferson, mejor prensa sin gobierno que gobierno sin prensa.