“El sistema acusatorio fue diseñado para el fracaso”

 

Durante más de 16 años, la abogada Claudia Helena Serge ha dedicado su vida laboral a la docencia y a la vida académica.

 

Gracias a su experiencia profesional, asegura que en el proceso de enseñanza y formación de los estudiantes, es necesario enfatizarles que una cosa es “tener derechos, y otra muy distinta es abusar de ellos”.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué necesidades educativas observa en la preparación de los abogados de la región?

 

C. H. S.: Creo que una de las mayores necesidades que requiere la formación y preparación de profesionales no solo de la región, sino del país, está dada por el rescate de valores desde la academia. Por eso, además de la ética profesional, estos se deben reafirmar, a través de todo un discurso axiológico dentro del currículo en las diferentes áreas de desarrollo de la malla profesional.

 

Es de suma importancia poder resaltar y profundizar en temas de civismo, de urbanidad, normas de cortesía, buen trato, respeto a las autoridades y superiores, que brindan bases sólidas para la comprensión de la realidad profesional, a partir de la realidad personal dentro y fuera de las instituciones educativas.

 

Á. J.: ¿Cómo fortalecer el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC)? 

 

C. H. S.: Ese es otro de los aspectos de gran relevancia para fortalecer el currículo y mejorar la práctica profesional. Debemos tener un enfoque más amplio en las alternativas de resolución de conflictos, especialmente en mecanismos como la  negociación y la mediación, pues pareciera que solo se ha acentuado en la conciliación y el arbitraje.  

 

Es vital promover estas figuras desde la competencia comunicativa, donde la negociación, además de una habilidad, es una necesidad de los seres humanos para interactuar y realizar sus actividades básicas y complejas. Entonces, siendo la mediación una negociación asistida, se estaría caminando en similar sentido que permita reorientar y preparar a los abogados en roles donde se conviertan en facilitadores de procesos para que las partes lleguen, por sí mismos, a fórmulas de arreglo viables y justas.

 

Á. J.: A partir de su experiencia profesional y preparación académica, ¿qué tanto ayuda la mediación y los MASC a descongestionar a la justicia?

 

C. H. S.: En gran medida, los MASC, entre ellos la mediación, descongestionan el aparato judicial. Se trata de una relación directamente proporcional en la que el aumento del ejercicio de estos mecanismos, por vía extrajudicial, hacen que no ingresen al torrente contencioso, disminuyendo así el número de casos que deben conocer los funcionarios judiciales. De esta forma, al presentarse eficaz y efectivamente actuaciones orientadas por profesionales del Derecho capacitados en activar los canales de comunicación entre las partes en conflicto, llegando a solucionarlos, es una garantía de la liberación de los eslabones  numéricos que hoy se encuentra arrastrando a justicia colombiana.

 

Por ello, como siempre he afirmado: “para hacer justicia, no basta ser juez, solo basta ser justos”. Esta condición permite que se puedan generar resultados aptos para desvanecer la disputa suscitada entre las partes, fuera del interjudicial, descargando y disminuyendo las aterradoras cifras que absorben los espacios judiciales.

 

Á. J.: ¿Qué carencias relacionadas con la administración de justicia se observan en Barranquilla o en la costa Caribe?

 

C. H. S.: En la costa Caribe como en otras zonas del país se enfrenta una crisis en la administración de justicia, particularmente en el Derecho Penal, donde las limitantes cada vez son más notorias frente a  la relación establecida entre el número de procesos y el número de funcionarios para resolverlos. Ello deja ver cómo ha venido colapsando el sistema judicial, desdibujando las expectativas que tienen los usuarios frente a la resolución de sus conflictos por vía litigiosa, como también la pérdida de la confianza en los operadores judiciales.

 

Además, se ha visto cómo la crisis no solo jurídica, sino social, de la administración de justicia, ha sido generada, entre otros factores exógenos, por la “politización o burocratización de la justicia”, que ha alcanzado, incluso, altos niveles. Igualmente, cuando la importancia de los procesos y su pronta resolución está determinada por la presión de los medios de comunicación.

 

Á. J.: Como experta en Derecho Penal, ¿cómo califica el funcionamiento del sistema acusatorio en la región?

 

C. H. S.: El sistema acusatorio fue diseñado para ser un “aborto jurídico”, destinado al fracaso, pues son abismales las cifras de procesos que se encuentran en espera y transitan rumbo a la prescripción, especialmente en la fase de la investigación, donde entre 1.500 a 2.000 expedientes conforman el inventario laboral de los fiscales. Sumado a eso, quienes ejercen la labor de investigación (policía judicial), en la mayoría de casos, son cambiados, promovidos, llamados a cursos de ascensos, entre otras razones, lo que hace que se pierda la continuidad y la agilidad en la ejecución de los planes metodológicos. Desde allí, empiezan a trabarse las actuaciones judiciales. 

Adicionalmente, se diseñó un sistema judicial penal de manera precipitada, indebidamente calculado presupuestalmente, sobre un plan muy distante de la realidad sociojurídica colombiana y nada acorde con la cultura delictiva imperante. 

 

 

Claudia Helena Serge Jiménez

 

Estudios realizados: abogada de la Universidad de la Costa (CUC) y especialista en Docencia Universitaria, en Derecho Probatorio, en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Tiene una maestría en Sociología Jurídico Penal y es candidata a Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Penales.

 

Cargos desempeñados: ha sido docente universitaria de pregrado y posgrado, directora del Centro de Estudios Jurídico Académico y Social y capacitadora de diferentes entidades.

 

Ocupación actual: Directora del Programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar sede Barranquilla.