El Consejo Superior de la Judicatura, a través de reciente circular, informó que la Sala Plena de la Corte Constitucional, en el Auto 021 del 2018 y al resolver un aparente conflicto de competencias en un amparo dirigido en contra del Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, concluyó que cuando una acción de tutela haya sido asignada a jueces de las jurisdicciones ordinaria o contencioso administrativa se ordenará “su remisión al Tribunal para la Paz, sin necesidad de consideración diferente a establecer que en el escrito se señale a una de las dependencias que integran la JEP como accionada, aun cuando la solicitud se dirija en contra de otras autoridades del Estado o en contra de particulares”.