Cuatro décadas de asistencia legal a los pobres

 

El pasado 1º de marzo, la Fundación Servicio Jurídico Popular cumplió 40 años de existencia. No hubo jolgorio en la celebración. En cambio, festejaron haciendo lo que siempre han hecho en estas cuatro décadas: atender a todas las personas de escasos recursos económicos que llegan en busca de un apoyo jurídico gratuito o de bajo costo.

 

Fue un día como cualquier otro. Decenas de personas madrugaron a hacer fila a las afueras de la casa de estilo inglés del barrio Teusaquillo de Bogotá en la que siempre ha operado la fundación. Y desde que abrieron, a las ocho de la mañana, las oficinas estuvieron repletas de personas que buscaban ayuda legal.

 

Los 15 abogados que trabajan allí tuvieron que resolver los casos de siempre, esos que llaman rutinarios. Problemas familiares, en su mayoría. En un día ajetreado, pueden atender hasta 50 personas. Y ajetreados son todos los días, de lunes a viernes.

 

La discreción en la conmemoración fue el reflejo de lo que siempre ha sido el Servicio Jurídico Popular: un grupo de abogados entregados a una obra de altruismo única en el país, motivados, no por un salario, que no es cuantioso, sino por la defensa de los derechos de las personas más pobres de la capital colombiana.

 

En estos 40 años, esta fundación ha demostrado que la abogacía es una profesión con una función de servicio social. Los profesionales que trabajan en ella afirman, con orgullo, que son los abogados de los pobres, no los de los poderosos ni de los adinerados.

 

El comienzo

En 1971, el entonces presidente, Misael Pastrana Borrero, junto al presidente del Banco Popular, Eduardo Nieto Calderón, tuvieron la iniciativa de crear una organización privada dedicada a la atención jurídica de las personas de escasos recursos. Desde entonces, el Banco Popular ha sido el mayor donante de la fundación, que ostenta su misma imagen.

 

Con el respaldo de los sectores público y privado, unos pocos empleados, escasos escritorios y máquinas de escribir, pero muchos solicitantes, comenzó su trabajo. En su primer año de funcionamiento, se atendieron 743 consultas y se adelantaron 176 procesos judiciales. A lo largo de estos 40 años, la fundación ha atendido a 280.000 ciudadanos y ha tramitado 137.315 procesos.

 

Con el tiempo, los servicios legales han tenido que ampliarse. Además de tener más abogados que en sus inicios, ahora cuenta con un centro de conciliación, el primero creado en el país.

 

Alto impacto

Delegaciones de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Puerto Rico han visitado la fundación, con el fin de imitar su esquema de funcionamiento e implementar consultorios jurídicos gratuitos para los pobres.

 

Ese impacto, que trascendió fronteras, también se propagó a través de los medios de comunicación. La fundación participó en el programa de televisión Consultorio jurídico, que estuvo al aire durante 20 años, en una de sus secciones más destacadas: aquella en la que se resolvían las dudas jurídicas que los televidentes enviaban mediante cartas.

 

En radio, también fueron célebres los programas matutinos de atención jurídica a los oyentes, en las emisoras de las cadenas Caracol, RCN, Todelar, Radio Sutatenza, Radio Súper y Colmundo.

 

Y en prensa, tuvo un espacio en el diario El Tiempo, dedicado a darles respuestas a las inquietudes jurídicas de los lectores.

 

Las filas de ciudadanos que se siguen viendo en su sede reflejan la acogida que ha tenido la fundación. Al fin y al cabo, demanda de servicios legales es lo que sobra en un país con una conflictividad social alta y de población mayoritariamente pobre.

 

Sin cuota ‘litis’

La fundación no atiende los casos en los que las personas buscan la obtención de dinero, sino esos que pocos abogados están dispuestos a asumir, porque no está en juego el pago de la cuota litis.

 

Si alguien acude a ella con el fin de presentar demandas ejecutivas civiles o laborales o en contra del Estado, se encontraría en el lugar equivocado. Por el contrario, si se acerca por asuntos sobre filiación, paternidad o posesión o reivindicación de bienes, llega al sitio apropiado.

 

Los usuarios pagan sumas módicas, que contribuyen al funcionamiento de la fundación: 12.000 pesos por consulta y máximo 400.000 pesos por el trámite de un proceso judicial, de acuerdo con las condiciones sociales de cada persona.

 

El filtro

El trabajo de la fundación es, además, un filtro de los problemas de violencia y desigualdad que afectan al país.

 

El diagnóstico que muchos académicos han realizado se ratifica con la labor de Fundación Servicio Jurídico Popular: la pobreza produce violencia, y esta se manifiesta principalmente en los hogares.

 

Familias enteras aglutinadas en una habitación son caldo de cultivo para el incesto, el maltrato, el abuso sexual, la delincuencia y la reproducción de la pobreza. Y ese es el tipo de casos que, en su mayoría, atiende la fundación.

 

Pero esa situación, lejos de haber creado una coraza de insensibilidad en los abogados, los ha fortalecido, para seguir adelante con su trabajo.

 

Durante estos 40 años de firme trabajo social, la fundación ha alivianado el peso que la pobreza y la injusticia les imponen a las personas menos favorecidas de la sociedad.