La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente una acción de tutela, interpuesta para exigir el pago de indemnizaciones a víctimas de la violencia, por estimar que este mecanismo es subsidiario y extraordinario y no puede usarse para alegar derechos que solo se logran con pronunciamientos emitidos por la autoridad administrativa o judicial competente. La Sala Laboral reiteró que tales pronunciamientos deben perseguirse por el interesado y no a través de intermediarios, haciendo uso de las herramientas judiciales que el legislador ha diseñado como las idóneas para dichos fines (M. P. Francisco Javier Ricaurte).