La Corte Constitucional reiteró que el derecho de petición implica resolver de fondo la solicitud presentada y no solamente dar una respuesta formal. En esa medida, la respuesta no puede ser una comunicación incompleta, evasiva o poco clara respecto de la solicitud, sino que debe ser clara, precisa y coherente. De no ser así, se vulnerarían derechos fundamentales. La corte resolvió un derecho de petición interpuesto frente a una empresa de servicios públicos que no explicaba con claridad el alto consumo reportado. Según el alto tribunal, el reclamante no debía acreditar el pago de aquellas sumas que eran objeto del recurso (M.P. Mauricio González Cuervo).