El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad contra el Decreto 4994 del 2009, el cual ordena que la transferencia de los activos vinculados con la actividad salina marítima de Manaure sea realizada por una entidad fiduciaria. Según el demandante, la aplicación del decreto implica una amenaza constante y un perjuicio irremediable para la etnia Wayúu en relación con los derechos de propiedad que ancestralmente han tenido sobre las Salinas de Manaure y que han sido reconocidos por la Ley 773 del 2002 y la Sentencia T-007 de 1995. El alto tribunal negó la suspensión provisional de la norma, pues aunque la Ley 773 se refiere a la obligación del Instituto de Fomento Industrial en liquidación de entregar a una nueva sociedad la totalidad de los activos de estas salinas, no es clara la forma en la cual deba cumplirse o ejecutarse ese mandato.