Durante una audiencia celebrada en la Comisión Primera del Senado, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, afirmó que no se pueden “solucionar todos los problemas del país a través del derecho penal”, al referirse a las propuestas radicadas en el Congreso que piden cárcel para quienes conduzcan en estado de embriaguez.

En opinión de Perdomo, esta iniciativa es “exagerada, y totalitaria”, y agregó que debe estudiarse  de manera pedagogía y no enfocada al  ámbito penal.

“Actualmente, solo el 6,5 % de las lesiones u homicidios en accidentes de tránsito son cometidos por conductores en estado de embriaguez y estaríamos en contra de la razonabilidad de la política criminal, aumentando la percepción de castigo”, reiteró el vicefiscal.

En ese sentido, advirtió que de aprobarse el proyecto, cerca de 79.000 personas serían judicializadas, lo que le costaría a la Fiscalía más de 100.000 millones de pesos.

“Seguiríamos congestionando el sistema penal, cayendo en el error de penalizar todo, en vez de dar respuesta efectiva a la sociedad”, concluyó.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora,  le envió al presidente del Congreso una carta en la que pide analizar de manera integral el problema de la accidentalidad vial, pues “la embriaguez es solo la sexta causa”.

Otros factores que pide tener en cuenta el Defensor son la desobediencia a las señales de tránsito, el exceso de velocidad y no mantener la distancia entre vehículos.

La semana pasada, el Gobierno creó un equipo de alto nivel para trabajar en el contenido del proyecto. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la propuesta fortalecería las medidas de carácter preventivo y educativo. Sobre este último punto, explicó que se buscará convertir en obligatoria la cátedra en seguridad vial, en colegios y universidades.