El uso de explosivos a cielo abierto para la explotación de minas o canteras que estén ubicadas cerca a centros o áreas urbanas conformadas por 1.000 o más habitantes se permitiría solo si el centro urbano se encuentra a no menos de 10 Kilómetros de distancia, así lo propone un proyecto de ley radicado ante la Cámara de Representantes y enviado a la Comisión Quinta.

Sería responsabilidad de las autoridades ambientales que tienen a su cargo otorgar los permisos para el uso de explosivos verificar la distancia entre el centro de la explotación minera y el área urbana más cercana.

De todas maneras, la autoridad competente tendría que seguir los protocolos establecidos para otorgar permisos de explotación con explosivos trazados por la reglamentación existente en materia de higiene y seguridad en dichas labores.

Así mismo, prevé que cada año la administración de la mina realizaría un análisis sobre el desgaste y la fatiga que tengan las estructuras y edificaciones de los municipios cercanos, a fin de corregir cualquier daño que se cause.

El incumplimiento de las medidas podría acarrear multas diarias hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales, el cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio o la revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.

Además, advierte que la imposición de las sanciones no eximiría al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. (Lea: Exhortan al Congreso a resolver fallas estructurales en concesión de títulos mineros)

Por último, si la autoridad ambiental encuentra mérito para adelantar una investigación penal contra los infractores, remitiría las actuaciones adelantadas a la autoridad competente a fin de que esta establezca si se configura uno de los tipos penales consagrados en la Ley 1453 del 2011.

Es de señalar que el proyecto es de iniciativa parlamentaria, argumentando que le corresponde al Gobierno establecer unas reglas de juego en el uso de estos materiales en la explotación minera, como lo ordenan las normas internacionales.

Cámara de Representantes, Proyecto de ley 035/16C, 02/08/16

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